El proceso de reestructuración del transporte público en Nuevo León, México, enfrenta numerosos obstáculos que han llevado a la ineficiencia del servicio, afectando directamente a los usuarios. Uno de los principales desafíos radica en la demora en la recepción y puesta en marcha de nuevos camiones, sumado a los trámites burocráticos y la falta de estaciones de gas natural vehicular (GNV), lo que complica el avance del ambicioso plan de reestructuración.
Según empresarios del sector, la incorporación de nuevos camiones no es una tarea sencilla. Los trámites relacionados con placas, seguros, recepción y garantía de condiciones óptimas del vehículo son solo el comienzo. Además, surgen desafíos adicionales como la contratación y capacitación de choferes, la gestión sindical, y la definición de los métodos de pago. Todo esto contribuye a un proceso que, según los involucrados, llevará más tiempo del esperado.
Plan estatal de transporte no va como planeado
El plan estatal contempla la renovación de la flota con camiones menos contaminantes, la reconfiguración de las rutas y la implementación de un sistema de trasbordos para reducir los tiempos de viaje. Sin embargo, hasta el cierre del 2023, solo el 26.5% de las rutas planeadas se habían integrado al nuevo esquema, según datos proporcionados por el Instituto de Movilidad.
Uno de los aspectos más controversiales del plan es la propuesta de que el Gobierno asuma el control de los ingresos de las tarifas para remunerar a los transportistas según los kilómetros recorridos. Aunque se ha avanzado en este aspecto, solo un número limitado de rutas ha adoptado este nuevo modelo, dejando gran parte del sistema en un estado de transición.
Diferentes modelos de operación dificultan la eficiencia
En la actualidad, coexisten diferentes modelos de operación en el transporte público de Nuevo León. Existen camiones del sistema tradicional con tarifas congeladas, aceptando pagos en efectivo y la antigua Tarjeta Feria. Por otro lado, las denominadas Rutas Exprés, gestionadas por el Estado, aplican tarifas más altas y tienen restricciones en los métodos de pago, aceptando solo la Tarjeta MIA o Muevo León.
Además, se han incorporado rutas a la nueva estructura, operadas por transportistas pero administradas por el Gobierno. Estas rutas tienen tarifas específicas para diferentes métodos de pago, fomentando la migración hacia sistemas electrónicos como las tarjetas MIA, Muevo León o la aplicación Urbani.
Un aspecto crítico para la operación de los nuevos camiones es la carga de GNV, una alternativa más limpia al gas LP. Sin embargo, la falta de opciones para cargar gas y la necesidad de coordinar horarios para evitar congestiones en los puntos de carga presentan desafíos logísticos significativos.
La entrega y recepción de los nuevos camiones también se ha vuelto un proceso lento y complejo, involucrando aspectos legales que contribuyen a la demora en la implementación efectiva del plan.
Autoridades de Nuevo León se quedan silenciosas tras críticas
En respuesta a las críticas de los usuarios sobre la falta de mejoras en el servicio a pesar de la adquisición de 2 mil unidades, el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, se ha mantenido en silencio, evitando abordar el tema y dejando a la población sin respuestas claras sobre el futuro del transporte público en Nuevo León.
En resumen, el proceso de reestructuración del transporte público en Nuevo León enfrenta numerosos desafíos que van desde trámites burocráticos hasta la implementación de nuevos modelos operativos y logísticos. La demora en la adopción de estos cambios ha generado un servicio ineficiente que impacta directamente a los usuarios, subrayando la necesidad de una gestión más eficaz y una mayor involucración de las partes interesadas para lograr una transición exitosa hacia un sistema de transporte público mejorado.
